El ingreso mínimo vital, una cuestión de justicia social

Ha tenido que llegar una crisis sanitaria y un confinamiento severo para que algunos vean ante sus ojos las largas colas de ciudadanos que necesitan ayuda para comer. Y estaban ahí, se enquistaron en la pobreza hace años debido a la gestión de la crisis del 2008, aplicando las recetas de las políticas neoliberales de la derecha.

Recetas que no les daban para comer ni para vivir con dignidad.

Esas colas delatan que, en España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza. Y una de cada cuatro, está en riesgo de exclusión social.

Hoy el Gobierno ha aprobado una de las medidas más ambiciosas contra la pobreza a nivel estatal: la renta mínima vital que permitirá, a cerca de cien mil hogares tener un ingreso mínimo nacional necesario para vivir.

Todos los países de la eurozona tienen sistemas de rentas mínimas estatales, muchos de ellos compatibles con el empleo.

La pobreza es una opción política y en España llevamos una década negando lo evidente bajo los gobiernos del PP. Somos el sexto país de los 28 de la Unión Europea con una mayor tasa de pobreza.

Cuando hablamos de tasa relativa de pobreza, nos referimos a unos ingresos inferiores al 60% de renta media. Esto supone tener una renta inferior a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños. 

Y si hablamos de pobreza severa, visibilizamos a aquellas personas con ingresos inferiores al 40% de la media, lo que supone vivir con menos de 493 euros al mes en un hogar de una sola persona.

Y a esta pobreza económica se suma el nivel de exclusión social con una baja intensidad del empleo y la carencia material severa, que mide factores como no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días y mantener la vivienda con una temperatura adecuada y no poder afrontar gastos imprevistos, entre otros.

La renta mínima vital proporcionará unos ingresos que van de 420 € a 1.015 € a aproximadamente 850.000 familias en una primera fase, triplicando así el número de hogares protegidos por una renta mínima estatal.

Afrontamos la crisis del coronavirus en un país con grandes desigualdades que no ha recuperado los niveles de pobreza de hace una década, antes de la crisis económica que estalló con la quiebra de Lehman Brothers.

Hoy miramos esta crisis desde una perspectiva social, con un gobierno progresista comprometido frente a la exclusión social, comprometido en sustituir los ERES por ERTES, comprometido en rescatar a las personas en vez de a las entidades financieras.

Simplemente un gobierno comprometido.

Sí, “una paguita para la derecha” para 850.000 hogares con aproximadamente 2,3 millones de personas, donde un 30% son menores y un 16% hogares monomarentales, encabezados en un 90% por mujeres, exponiendo la cara femenina de la pobreza.

Hoy más que nunca necesitamos un gobierno progresista que refuerce el Estado para luchar contra la pobreza severa, por una sanidad pública de calidad, por una educación pública y sistema de becas basado en la renta, por el diálogo social, por la igualdad y por una política fiscal progresiva donde aporten los que más tienen.

Recuperar esa justicia social que se quedó en la cuneta hace una década.