Recientemente, el Partido Popular (PP) ha logrado una victoria judicial en relación con la revocación de la plaza de arquitecto en el Ayuntamiento. Esta victoria deja claro cuál es la prioridad del equipo de gobierno local y la alcaldesa, quien ha puesto sus intereses políticos por encima de los de los vecinos y no ha recurrido la sentencia. Esta falta de defensa activa por parte del Ayuntamiento ha permitido que la sentencia se haga firme, afectando directamente a los vecinos y a la administración local.
Una Sentencia No Recurrida: ¿Victoria o Mala Gestión?
El conflicto judicial se originó cuando el PP, demandó al Ayuntamiento por ampliar las horas de la plaza de arquitecto municipal. El equipo de gobierno de la legislatura pasada decidió ampliar la plaza de arquitecto, que a juicio de los informes jurídicos estaba en la relación de puestos de trabajo vigente. El expediente contaba con todos los informes positivos.
El PP, en desacuerdo con esta medida, interpuso una demanda ante el Juzgado Administrativo nº 32.
¿Pero cómo ha actuado la alcaldesa en este juicio? En vez de defender la decisión del Ayuntamiento y recurrir la sentencia que favorecía al PP, optó por no hacerlo, permitiendo que la resolución judicial se hiciera firme. El juzgado dio 15 días para recurrir, pero el Ayuntamiento no se personó, por lo que los únicos argumentos que ha tenido la jueza han sido los presentados por el PP.
La alcaldesa calculó el rédito político que le daría esta victoria, pero no previó que la jueza iría más allá de eliminar la plaza de arquitecto, y revocaría todos los actos en los que era necesario el informe de arquitecto, lo cual deja al Ayuntamiento en una indefensión y una situación comprometida con aquellos a los que se les había otorgado licencia urbanística en los últimos años.
La resolución judicial, que ahora es firme, implica la revocación de todos los actos administrativos en los que el arquitecto municipal ha intervenido, lo que tendrá consecuencias negativas tanto para la administración pública como para los ciudadanos. Esta situación podría haberse evitado si la alcaldesa hubiera decidido recurrir y defender la postura del Ayuntamiento, pero en su lugar, optó por dejar que la sentencia se hiciera firme.
La Búsqueda de un Chivo Expiatorio
En un intento por eludir responsabilidades, la alcaldesa ha buscado un chivo expiatorio para justificar su falta de acción. En lugar de asumir la responsabilidad por no haber recurrido la sentencia, intenta desviar la culpa hacia la oposición actual, sobre todo a su excompañera Ana María Lorenzo, a la que sigue castigando por irse del gobierno, y al anterior equipo de gobierno.
El coste de esta decisión lo pagarán los vecinos. Mientras tanto, la alcaldesa continuará buscando culpables, sin asumir el error que ella misma ha propiciado, como es su proceder habitual. La comunidad merece una administración que defienda sus intereses con firmeza y responsabilidad.
Los vecinos están hartos del oportunismo político de la alcaldesa, y están acostumbrados a que priorice los intereses propios sobre los intereses generales. Al no asumir las consecuencias de su dejadez de funciones, la alcaldesa ahonda en la desconfianza que cada vez más vecinos muestran ante el gobierno local.