El ingreso mínimo vital, una cuestión de justicia social

Ha tenido que llegar una crisis sanitaria y un confinamiento severo para que algunos vean ante sus ojos las largas colas de ciudadanos que necesitan ayuda para comer. Y estaban ahí, se enquistaron en la pobreza hace años debido a la gestión de la crisis del 2008, aplicando las recetas de las políticas neoliberales de la derecha.

Recetas que no les daban para comer ni para vivir con dignidad.

Esas colas delatan que, en España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza. Y una de cada cuatro, está en riesgo de exclusión social.

Hoy el Gobierno ha aprobado una de las medidas más ambiciosas contra la pobreza a nivel estatal: la renta mínima vital que permitirá, a cerca de cien mil hogares tener un ingreso mínimo nacional necesario para vivir.

Todos los países de la eurozona tienen sistemas de rentas mínimas estatales, muchos de ellos compatibles con el empleo.

La pobreza es una opción política y en España llevamos una década negando lo evidente bajo los gobiernos del PP. Somos el sexto país de los 28 de la Unión Europea con una mayor tasa de pobreza.

Cuando hablamos de tasa relativa de pobreza, nos referimos a unos ingresos inferiores al 60% de renta media. Esto supone tener una renta inferior a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños. 

Y si hablamos de pobreza severa, visibilizamos a aquellas personas con ingresos inferiores al 40% de la media, lo que supone vivir con menos de 493 euros al mes en un hogar de una sola persona.

Y a esta pobreza económica se suma el nivel de exclusión social con una baja intensidad del empleo y la carencia material severa, que mide factores como no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días y mantener la vivienda con una temperatura adecuada y no poder afrontar gastos imprevistos, entre otros.

La renta mínima vital proporcionará unos ingresos que van de 420 € a 1.015 € a aproximadamente 850.000 familias en una primera fase, triplicando así el número de hogares protegidos por una renta mínima estatal.

Afrontamos la crisis del coronavirus en un país con grandes desigualdades que no ha recuperado los niveles de pobreza de hace una década, antes de la crisis económica que estalló con la quiebra de Lehman Brothers.

Hoy miramos esta crisis desde una perspectiva social, con un gobierno progresista comprometido frente a la exclusión social, comprometido en sustituir los ERES por ERTES, comprometido en rescatar a las personas en vez de a las entidades financieras.

Simplemente un gobierno comprometido.

Sí, “una paguita para la derecha” para 850.000 hogares con aproximadamente 2,3 millones de personas, donde un 30% son menores y un 16% hogares monomarentales, encabezados en un 90% por mujeres, exponiendo la cara femenina de la pobreza.

Hoy más que nunca necesitamos un gobierno progresista que refuerce el Estado para luchar contra la pobreza severa, por una sanidad pública de calidad, por una educación pública y sistema de becas basado en la renta, por el diálogo social, por la igualdad y por una política fiscal progresiva donde aporten los que más tienen.

Recuperar esa justicia social que se quedó en la cuneta hace una década.

En estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, en los que cada uno intenta dar lo mejor de sí mismo para que todos salgamos de esta lo mejor posible, llaman mi atención algunos empresarios y autónomos de nuestro pueblo por la actitud que están teniendo algunos bancos a la hora de acceder a las líneas de crédito facilitadas por el Gobierno para obtener la liquidez que necesitan para mantenerse a flote y conservar los empleos (y los sueldos) de los que dependen tantas familias.

Como decía, cada uno en la medida de sus posibilidades estamos haciendo todo lo posible para que TODOS podamos salir de esta crisis, juntos, sin que nadie se quede atrás:

¿Y los bancos?

• Los empleados públicos, el personal sanitario, los cuerpos de seguridad, la UME, todos los trabajadores de la cadena alimentaria, que hacen que podamos tener las tiendas abastecidas en estos días complicados, están dando lo mejor de sí mismos, con jornadas interminables y no siempre en las mejores condiciones.
• El Ayuntamiento, poniendo en marcha iniciativas que intentan mejorar la vida a los vecinos, facilitando que les lleven la compra a casa, creando y financiando líneas económicas de apoyo a las personas más desfavorecidas (personas mayores, familias monoparentales o en situación de exclusión, etc) y a los autónomos y pequeñas empresas, gestionando mejoras en los alquileres, etc.
• Las Comunidades Autónomas, colaborando, en mayor o menor medida, con el Gobierno de España, gestionando la sanidad y los transportes en el ámbito de sus competencias.
• Y finalmente, el Gobierno de España, coordinando la emergencia sanitaria, garantizando nuestra seguridad, transmitiendo confianza y tomando multitud de medidas concretas en el ámbito laboral y en el económico que permitan a nuestro tejido productivo, a nuestras empresas y autónomos, acceder al dinero que necesitan para no tener que cerrar y destruir empleo. Dichas medidas llegan al punto de avalar a quien pida un crédito.

El sector bancario, al que hubo que rescatar en la anterior crisis financiera de 2008, que ha reducido sus oficinas y sus plantillas a la mitad en estos años (provocando un elevadísimo número de despidos) y que sobreexplota a sus empleados con exigencias y jornadas de trabajo abusivas, no sólo no arrima el hombro, sino que trata de sacar el máximo beneficio posible de la actual situación. Dicen que la palabra “crisis”, en chino, significa además “oportunidad”. Parece que eso es lo único que ven los bancos.

Sólo así se explica que para conceder un crédito avalado por el estado con un dinero que no es suyo (ellos lo compran al Banco Central Europeo al 0 %), pidan a nuestros autónomos y pequeñas empresas comisiones de apertura cercanas al 1,75 %, apliquen tipos de interés de hasta el 4,0 % y les obliguen a suscribir seguros de vida (con sus propias aseguradoras) que tienen un coste de 20 €/mes (1.200 € para un préstamo de 5.000 € a 5 años, es decir, casi un 25 % del crédito concedido).

¿Cuánto les va a costar en realidad ese dinero a los clientes? ¿Un 30 %? ¿Un 35 %? Sea cual sea el precio que paguen finalmente los clientes, si ese dinero a los bancos no les ha costado nada y además se lo garantiza el Estado, si no es usura se le parece mucho.

La banca llevaba años limitando el crédito por falta de solvencia, y tras la crisis financiera de 2008 y la caída de los tipos de interés, prácticamente no obtenía rentabilidad (lo que compensaban friéndonos a comisiones). Ahora, cuando el Gobierno de España pone en sus manos el sueño húmedo de cualquier banquero (poder dar crédito casi ilimitado garantizado por el estado), en vez de arrimar el hombro y “agradecer” de alguna manera el esfuerzo que hizo nuestra sociedad hace años rescatándoles, aplica unos tipos de interés y unas comisiones fuera de lugar y obliga a contratar seguros a precios desorbitados… ¿Para qué necesita el banco un seguro de vida que le garantice que va a cobrar si tú te mueres, si ya se lo está garantizando el estado?; ¿Dónde está la tan cacareada labor social del sector bancario? ¿Cómo pueden tener la cara tan dura?

Una vez más (como siempre), la banca se preocupa más de los beneficios de sus accionistas que de beneficiar a la sociedad.

Poco podemos hacer para evitarlo, pero si esta actitud persiste, este ayuntamiento se compromete poner su granito de arena y dejar de trabajar con los bancos que estén incurriendo en estas prácticas.

Para terminar, una idea: Si España es uno de los principales accionistas de Bankia, un banco que podríamos denominar semipúblico, ¿por qué no se canalizan todos esos préstamos a través de él, al 0,5 % de interés, sin comisión de apertura y sin obligar a nadie contratar seguros de vida ni a comprar un juego de sartenes? De esta manera, además, conseguiríamos “recuperar” parte de ese rescate bancario que tanto esfuerzo nos ha costado todos estos años.

                                                                  Julián Carrasco Olmo.